Hermosillo,
Sonora, a 6 de noviembre de 2014.- Los Diputado del Congreso local
aprobaron esta mañana la Ley Anticorrupción para el Estado de Sonora que
fue presentada por el Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI,
Samuel Moreno Terán.
“Esta ley representa una muy importante
primera parte de las bases que se construyen para recuperar la confianza
de los sonorenses en las instituciones, ya tenemos la ley que promueve
las denuncias de actos de corrupción y en el corto plazo vamos a
proponer la creación de un Comité Estatal Anticorrupción” expresó.
El
Legislador destacó que el nuevo ordenamiento contempla y endurece
sanciones contra servidores públicos y también particulares tratándose
de contratos, licitaciones y en general todo el rango de adquisición de
bienes, obras y servicios por parte del gobierno estatal y los gobiernos
municipales.
En el caso de las sanciones a particulares, van de
mil a 50 mil salarios mínimos y la inhabilitación para participar en
contrataciones públicas de 6 meses a 10 años, mientras que para el caso
de personas morales, van de 10 mil a 50 mil de salarios mínimos, hasta
la inhabilitación de 6 meses a 20 años. En los dos casos, si el contrato
excede la cantidad, la multa será de entre el 30 y 35 por ciento del
monto del contrato adjudicado.
Samuel Moreno explicó que la ley
anticorrupción también busca la equidad y las mismas oportunidades para
todos y que existan condiciones de confianza y certidumbre en las
acciones gubernamentales con los particulares.
“El marco jurídico
nos dará certeza y confianza a todos, nos va a situar como un Estado a
la vanguardia en la lucha contra la corrupción y como sonorenses, le
podremos decir al Presidente de la República que su llamado en Sonora
fue atendido y que estamos trabajando para mejorar lo que tenemos”
afirmó.
Con esta nueva ley en Sonora, el servidor público que
incurra en prácticas deshonestas, será sancionado directamente con la
destitución o la inhabilitación, y además, se le aplicará la sanción
económica que resulte de calcular el doble del monto de la multa o
sanción que pretendía aplicar al ciudadano o establecimiento afectado.