Acata Ayuntamiento ordenamiento de la federación en caso de Policías cesados

En rueda de prensa realizada en la Sala de Cabildos del Ayuntamiento, el Presidente Municipal Francisco Jiménez Rodríguez, acompañado por el Secretario José Antonio Martínez Borboa y el Comisario de Seguridad Pública Gerardo Ramírez Cruz, explicó a los representantes de los medios de comunicación, escritos y electrónicos, los detalles sobre el despido de policías que resultaron positivos al antidoping realizado por el Centro de Control y Confianza.

Dijo que a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Federación le hizo llegar el ordenamiento para que se procediera a dar de baja a 19 elementos policiacos que habían resultado positivos al examen antidoping por lo que se turnó el asunto a la Comisión de Honor y Justicia para el procedimiento respectivo.

Ante esto fueron notificados un total de 17 elementos ya que uno de ellos ya había causado baja y otro corresponde a personal administrativo, aceptando 8 de ellos el finiquito correspondiente, mientras que el resto se han inconformado y podrán tomar las acciones legales que crean pertinentes en sus casos.

Explicó que en virtud de los cambios en las leyes y reglamentos de seguridad estatales y federales no es obligación del Ayuntamiento el otorgar beneficios a los despedidos pero en base a las prerrogativas que le brinda la administración municipal se decidió entregar finiquitos que van desde los 35 a los 40 mil pesos a los afectados.

En cuanto a las quejas de los elementos que no están de acuerdo con los procedimientos de despido se comprometió a analizar cada caso para ver si se cometieron algunos errores y ver si se pueden subsanar para no afectar a inocentes, mientras que aseguró respetar la decisión de los demás inconformes en tomar las acciones legales y acudir a los tribunales correspondientes para defender sus derechos.

De momento dejó en claro que el Ayuntamiento y la Comisión de Honor y Justicia se limitaron a cumplir con el ordenamiento de la Federación para no incurrir en sanciones que pueden ir desde multas hasta privación de la libertad a funcionario que no cumplan con su deber, poner en riesgo el permiso colectivo de portación de armas y sobre todo la seguridad de la ciudadanía.