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jueves, 18 de mayo de 2017

Van contra uso de armas blancas

Hermosillo. El Congreso del Estado recibió una iniciativa para que el uso o portación de puñales, verduguillos, machetes, navajas sea considerado como delito y eso permita que los que portan esas armas enfrenten un proceso penal.

El diputado local, Carlos León García dijo que el problema de seguridad pública no se resolverá con una ley de armas blancas, ya que se trata de algo que viene de muchos años y ocupa soluciones integrales, como la prevención del delito y adicciones.

“Son armas prohibidas enunciativamente, los puñales, verduguillos, cuchillos, machetes, navajas, instrumentos punzantes o cortantes, así como las armas ocultas o disimuladas en bastones u otros objetos”, declaró para agregar al listado a boxers, manoplas, macanas, chacos, hondas, correas con bandas, pesas ocultas y otros similares.

Agregó que las bombas, aparatos explosivos, de gases asfixiantes, tóxicos o aquellos que por sus características, conformación o dimensiones sean un riesgo en razón a su potencialidad lesiva y puedan ser empleados para poner en peligro la vida, integridad o patrimonio de las personas.

Recordó que en el código penal solo se maneja la portación de armas bl

“Se aplicarán prisión de un mes a un año, o de 40 a 250 días multas a quien porte alguna de las armas que se refiere el Artículo en lugares donde se consumen bebidas embriagantes, en centros de diversión, parques, centros de recreación o en cualquier otro lugar de la vía pública”, explicó León García.

En caso de encontrarse una de esas armas dentro de planteles escolares, desde preescolar, básica, media superior o superior, la sanción subirá a ocho meses a tres años de cárcel o de 250 a 500 días de multa para los que incurran en ese delito.

“Se impondrá una pena de prisión de 3 a 12 años y de 150 a 300 días de multa a quien utilice alguna de las armas”, declaró al referirse a cualquier hecho que la ley señale como delito y que será oficioso, por lo que en cualquier caso se decomisarán las armas.
ancas y las personas son liberadas al pagar una falta administrativa, por lo que su iniciativa incluye que la portación simple sea un proceso penal.

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